Lanzan campaña internacional contra compañías mineras que demandan a El Salvador

Además de lanzar esta campaña, también denuncian que los casos de amenazas de muerte por señalar la contaminación que generan estas empresas mineras en el país no han avanzado en la FGR, quedando desde el 2009 en impunidad. A esto hay que sumarle los asesinatos a periodistas de Radio Victoria en Cabañas vinculados, según se sospecha, a que también señalaban la actividad minera

En la foto de izq. a der. Saúl Baños (FESPAD); Sofía Vergara (Oxfam); Héctor Berríos (MUFRAS 32) y Juliana Turqui (Oxfam). Foto cortesía de Tania Moreno oficial comunicaciones OXfam

Por Alfredo Carías

La campaña de denuncia contra las empresas canadiense-australiana Pacific Rim/Oceana Gold es por su mala reputación vinculada a violaciones a derechos humanos cometidos contra activistas ambientales que rechazan que se imponga la actividad minera en su comunidad, mencionó Héctor Berrios representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador.

“La amenaza o el riesgo de seguir perdiendo vidas en el departamento de Cabañas sigue vigente en la medida que la impunidad de los asesinatos, de las amenazas, de los anónimos (de amenazas a muerte), siguen impunes y no se han investigado. Existen diferentes denuncias por parte de activistas contra la empresa Pacific Rim presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), el colmo que todos esos casos en su mayoría están archivados, no se ha profundizado, no se ha determinado quien nos amenaza, no se ha investigado quien nos fue a dejar los anónimos, quien nos llama en la madrugada, a pesar de haber entregados los números de esas llamadas que pasaron desde el 2009 hasta la fecha”, concluye Berrios.

Estas amenazas y asesinatos se remontan al 2009, año en que asesinaron al activista Marcelo Rivera, seguido de él fueron víctimas Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a muerte en repetidas ocasiones contra el padre Luis Quintanilla y a varios periodistas de la radio comunitaria Victoria en Cabañas, todos estos casos no han avanzado en las investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil, ni por la Fiscalía General de la República.

“La amenaza o el riesgo de seguir perdiendo vidas en el departamento de Cabañas sigue vigente en la medida que la impunidad de los asesinatos, de las amenazas, de los anónimos (de amenazas a muerte), siguen impunes y no se han investigado"  (Berrios, representante de la Mesa frente a la Minería)

Pero estas violaciones trascienden al ámbito legal con la demanda millonaria (por $301 millones de dólares) que interpuso en 2009 la compañía Pacific Rim ahora comprada por la empresa Oceana Gold contra del Estado Salvadoreño por negarle un permiso para explotar la Mina de Oro El Dorado en el departamento de Cabañas, "por eso apoyamos la campaña que busca que las empresas mineras retiren la demanda contra El Salvador y se vayan del país", manifestó Julianna Turqi, Coordinadora del programa industrias Extractivas, de OXFAM en Centroamérica.

“Elevar el conocimiento y también las voces de los salvadoreños(as) sobre este caso, y sobre los efectos de este caso sobre las realidades en El Salvador, que no solo la gente en Cabañas ha sufrido la violencia en este caso, sino que todos los salvadoreños(as) reconozcan que es un tema de agua, de alimentos, que a todos nos va afectar, que todos se junten en eso, aquí en El Salvador, pero también en las comunidades de salvadoreñas(os) que viven en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en todo el mundo”, explicó Turqi.

“Nosotros nos hemos establecido una meta a largo plazo que es, que El Salvador adopte una Ley que prohíba la minería metálica en el país, esta es una postura que desde el 2009 tenemos como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, además que las empresas Pacific Rim / Oceana Gold abandone el caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y se salga de El Salvador”, asegura Saúl Baños representante de la Mesa Frente a la Minería.

Esta campaña también pretende posicionar el caso ante organismos como las Naciones Unidas, el Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Ginebra y ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que lleva el caso en Washington DC.