“Políticas económicas y sociales elitistas, causantes del éxodo infantil salvadoreño”

David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, expresa que niñez migrante es la herencia de la acumulación histórica de acciones que beneficiaron a pequeños grupos económicos y políticos.

Muchos son los riesgos a los que se enfrentan los niños migrantes. Foto/ Azteca Noticias.

Más de 47 mil niños y niñas procedentes del triángulo norte centroamericano intentaron entrar de manera ilegal a los Estados Unidos en el periodo de octubre de 2013 a la fecha, según datos del gobierno de los Estados Unidos. Un número sin precedentes para las autoridades migratorias de ese país, con la agravante de que se trata de niños y niñas no acompañados.

Ante este alarmante número, autoridades del Senado estadounidense declararon una “Emergencia humanitaria” con el objetivo de atender y deportar lo antes posible a tal cantidad de menores a sus respectivos países. “No envíen a sus hijos porque los vamos a deportar” dijo el presidente Barack Obama en respuesta a los padres que se arriesgan por enviar a sus hijos de manera ilegal a Estados Unidos.

Pero ¿Qué causa que gran cantidad de niños emigren de manera ilegal? En una conversación con el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, conocimos a fondo los compromisos que el Gobierno salvadoreño no ha cumplido para que esto suceda.

De acuerdo al procurador Morales, no se trata de que si el Estado de El Salvador violó directamente los derechos de la niñez migrante, sino de vacíos en las garantías que procuran el cumplimiento de los derechos del niño y de la niña, un error histórico en El Salvador.

“Tenemos en general ausencia de garantías de importantes derechos económicos, sociales y culturales que derivan en una afectación de derechos que no es de los últimos años o últimos gobiernos. Es un proceso de acumulación histórica que durante décadas las políticas públicas y sobre todo las políticas económicas, fueron para favorecer élites de poder económico y político, teniendo como consecuencia no poder construir un sistema democrático y de derecho que brindara políticas sociales más efectivas. Esto potenció importantes oleadas de migración” explica Morales.

De acuerdo a narraciones de quienes en carne propia han vivido tal experiencia, tuvieron que emigrar por el común denominador máximo del triángulo norte de Centro América: la crisis económica, y la alta tasa de inseguridad.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) en su artículo 20, apela al derecho a un nivel de vida digno y adecuado implicando alimentación, vestuario y recreación, factores que sin duda alguna son los grandes ausentes de los niños y niñas que viajan "al norte" de manera ilegal.

Otro factor del porqué emigran es la violencia, como resultado de varios años de políticas de seguridad fallidas según Morales. “Esta crisis nos ha explotado. Somos un país que la tercera parte de la sociedad reside en el exterior, y según investigaciones académicas, el 80% está en Estados Unidos, y por lo tanto, la reunificación familiar, y huir de la violencia son grandes factores para salir del país” agrega.

Así como la inseguridad es un factor social que genera la emigración ilegal, la falta de trabajo y de oportunidades de crecimiento económico es pieza clave en el fenómeno migratorio infantil más alarmante de los últimos años.

David Morales dice que el Estado salvadoreño atraviesa una crisis de migración infantil, y que debe actuar lo antes posible para reducirla.

David Morales, procurador de Derechos Humanos, El Salvador. 

“El Estado ante esta crisis de migración infantil, tiene la obligación de implementar políticas públicas integrales. Es importante la visión actual de pedir la reunificación familiar y buscar una intervención en favor de los niños en los albergues. Debe haber políticas de prevención de la migración en las comunidades; esta política debería ser en conjunto con la política de prevención de la violencia” expresa.

Morales agrega que “El Salvador ya dio un paso importante, y es la creación de la Ley de Protección al Migrante, y el CONMIGRANTE. Esta ley busca llevar el Estado a los territorios, y prevenir la migración, y buscar la reinserción de miles de personas sin oportunidades. A la fecha CONMIGRANTE sigue sin presupuesto y sin el apoyo suficiente para que supervise la ejecución de esta política”.

El procurador expresa que el Estado no ha violado directamente los derechos, sino que ha incumplido los niveles de garantía de políticas sociales para que los derechos sean cumplidos.

“Esa falta de acción del Estado en atender a familias de migrantes, prevención en las comunidades, y sobre todo en la niñez, implica que no hay garantías que respalden la protección de los derechos humanos”.

El 15 de julio de 2014, los procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, rechazaron las condiciones en que se encuentran los niños. En un documento titulado "Declaración conjunta de los Defensores de los Pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras sobre la crisis humanitaria motivada por la detención y trato de niñez centroamericana en la frontera de Estados Unidos de América" denunciaron maltratos psicológicos, hacinamiento, insuficiente comida y agua, y condiciones insalubres en las celdas.

Ante esto, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, ha solicitado a autoridades estadounidenses a garantizar y respetar los derechos de los niños y niñas de quienes ya se han deportado a El Salvador 72 niños; otros continúan en los albergues de migración en Estados Unidos.

El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, confirmó que Estados Unidos donará $25 millones de dólares para programas de prevención y creación de oportunidades para jóvenes y adolescentes.

Al tiempo que Cancillería además ha iniciado con una campaña publicitaria de prevención que busca generar conciencia en los padres de familia, quienes aún consideran una opción de desarrollo y seguridad, enviar a sus hijos de manera ilegal.