Las polémicas recomendaciones de la ONU para El Salvador

La despenalización del aborto, la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, eliminación de toda forma de violencia hacia la niñez y mujer, son algunas de las recomendaciones que el Estado salvadoreño recibió de la ONU. 

Foto Alfredo Carías

Por Alfredo Carías

Enviado especial a Ginebra, Suiza

El Estado salvadoreño después de rendir cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Examen Periódico Universal (EPU) se reservó el derecho de aceptar 62 recomendaciones controversiales bajo el argumento que las tomará en consideración para analizarlas estando en casa. Esto se conoció en la versión no editada de los resultados que ya circulan en la ONU, a cuya copia tuvo acceso este medio de comunicación, el cual se dará a conocer públicamente este  viernes 31 de octubre en Ginebra, Suiza.

A este examen es sometido cada país miembro de la ONU y se evalúa la situación de los derechos humanos de los últimos cuatro años. Después del EPU tienen tres opciones, y El Salvador hizo uso de estas. La primera opción fue aceptar 61 recomendaciones; la segunda, fue justificar que 36 ya están implementándose o en proceso; mientras que se comprometió a estudiar 62 sugerencias y tiene hasta marzo 2015 para dar respuesta final.

En total, El Salvador recibió 159 recomendaciones encaminadas a realizar esfuerzos por mejorar las condiciones de los derechos humanos fundamentales de la población en el país. La controversia deriva que de esa cantidad de recomendaciones 62 se refieren a temas pendientes como la despenalización del aborto, la protección y defensa de los derechos de la población lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), la ratificación de Convenciones y Protocolos a favor de la niñez y las mujeres, el Estatuto de Roma, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), la Convención contra la Tortura, la derogación de la Ley de Amnistía, la desmilitarización de la Policía, el combate a la corrupción y la impunidad. Y solo una de estas se refiere al tema del medio ambiente.

Uno de las recomendaciones más recurrentes fue la despenalización del aborto, que obtuvo 12 solicitudes en el documento, las cuales fueron expuestas por parte de los países de Australia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Alemania, España, República Checa, Eslovenia, Suecia e Irlanda del Norte.

La segunda recomendación más expuesta se refiere a la ratificación de Convenciones y Protocolos de Protección de las Personas de las Desapariciones Forzadas, contra la Tortura, el Estatuto de Roma, con 12 sugerencias por parte de Portugal, Uruguay, Grecia, Polonia, Argentina, Italia, Costa Rica, Luxemburgo, Montenegro, Estonia y Paraguay.

La tercera recomendación más repetida es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con 6 sugerencias por parte de los países de Paraguay, Suecia, Sierra Leona, Costa Rica, República de Corea y Turquía.

Entre las recomendaciones menos señaladas están la ratificación de la Convención de la OIT número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

El Convenio establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales y asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados. Con la mira en la consulta y la participación, el Convenio número 169 es un instrumento que estimula el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales y ha sido utilizado como herramienta para los procesos de desarrollo y prevención y resolución de conflictos.

La recomendación que pasa casi desapercibido, pero no menos importante es acerca de la posibilidad del compromiso de forma voluntaria por el Estado salvadoreño a realizar un EPU a medio camino, ambas sugerencias fueron expuestas por Paraguay.

La mayoría de las recomendaciones que el Estado salvadoreño se llevó a estudio se concentraron en los derechos humanos sobre la niñez, las mujeres, la población LGBTI, la ratificación de Convenios y Protocolos, quedando excluido la situación ambiental sobre aprobación de la Ley General de Aguas, la Reforma Constitucional del artículo 69, que reconoce el derecho humano al agua y la alimentación, la prohibición de la minería metálica, la promoción y protección de los defensores de derechos humanos, ambientales y periodistas.