¿Quién responderá por los daños ambientales en San Luis Talpa?
https://gatoencerradosv.blogspot.com/2014/11/quien-respondera-por-los-danos.html
Miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña exigen al Fiscal general, que investigue y deduzca responsables de la contaminación tóxica en San Lauis Talpa, que ya ha cobrado la vida de cientos de personas presuntamente a causa de insuficiencia renal.
La alegría y disposición de servicio que su madre recuerda de aquel hombre de 31 años, se mezcla con las lágrimas y el luto que embargó a la familia Orellana la noche de su muerte aquel 22 de julio de 2013. Habían más preguntas que respuestas. ¿Cómo es que Argenis no era agricultor, pero murió de insuficiencia renal?. Argenis era conocido por su pasión al fútbol. Nunca se imaginó que desde el 2008 que se le diagnosticó la enfermedad, sus años estaban contados.
Su padre, José Napoléon Orellana, trabajó muchos años embolsando químicos para regar algodoneras. Era empleado de la ex-fábrica Quimagro, solo separada por una carretera de la casa de los Orellana. En 2010, luego de haber presentado los síntomas, perdió la batalla contra la insuficiencia renal, engrosando el ya extenso número de fallecimientos por la misma causa en la zona.
La fábrica fue embargada, y las instalaciones quedaron en abandono desde 1984. Las muertes causadas por insuficiencia renal en la zona, llevaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a hacer una investigación en conjunto con las autoridades municipales que ponían el grito en el cielo cuando conocían otro, y otro, y otro caso de muerte por la misma causa.
Una año y cuatro meses después, tras muchos estira y encoge entre el MARN y el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, la madrugada del jueves 13 de noviembre de este año, 69.1 toneladas de tóxicos fueron retirados de Quimagro, y embalados para ser llevados a Polonia.
¿Y ahora quién pagará por todo?
En lo que va del 2014, se reportan 56 muertes en San Luis Talpa por insuficiencia renal. Los químicos saldrán del país, y ya no están en Quimagro,
Ante esto, representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), hicieron un llamado al fiscal general de la República, para que investigue y señale a los culpables del abandono toxico, y de las graves violaciones al derecho medioambiental de la población.
En ese sentido, y ante la salida de los tóxicos, miembros de UNES se cuestionan ¿Quién va a responder por los daños ambientales, por la salud y la vida de más de 180 personas en San Luis Talpa? ¿Quién va a pagar por los $400 mil por la disposición final de los tóxicos en Polonia?.
Según el código penal en su Art. 255.- El que provocare o realizare directa o indirectamente emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas en contravención a las leyes y reglamentos respectivos y que pusiere en peligro grave la salud o calidad de vida de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
“Sobre empresas como Quimagro pesa la muerte de muchas personas que se han visto afectadas directa o indirectamente por los químicos y no es justo que sean siempre familias pobres las que tengan que cargar con la factura de estos costos” expresó Carolina Amaya, del equipo de coordinación de UNES.
Por Mario Beltrán
Argenis Orellana, un fabricante de ladrillos del caserío Loma de Gallo en el municipio de San Luis Talpa. Salía a diario a trabajar en una ladrillera cercana a su casa. Al cabo de unos días comenzó a sentir los síntomas de una enfermedad que se paseaba como fantasma en el municipio.La alegría y disposición de servicio que su madre recuerda de aquel hombre de 31 años, se mezcla con las lágrimas y el luto que embargó a la familia Orellana la noche de su muerte aquel 22 de julio de 2013. Habían más preguntas que respuestas. ¿Cómo es que Argenis no era agricultor, pero murió de insuficiencia renal?. Argenis era conocido por su pasión al fútbol. Nunca se imaginó que desde el 2008 que se le diagnosticó la enfermedad, sus años estaban contados.
Su padre, José Napoléon Orellana, trabajó muchos años embolsando químicos para regar algodoneras. Era empleado de la ex-fábrica Quimagro, solo separada por una carretera de la casa de los Orellana. En 2010, luego de haber presentado los síntomas, perdió la batalla contra la insuficiencia renal, engrosando el ya extenso número de fallecimientos por la misma causa en la zona.
La fábrica fue embargada, y las instalaciones quedaron en abandono desde 1984. Las muertes causadas por insuficiencia renal en la zona, llevaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a hacer una investigación en conjunto con las autoridades municipales que ponían el grito en el cielo cuando conocían otro, y otro, y otro caso de muerte por la misma causa.
Una año y cuatro meses después, tras muchos estira y encoge entre el MARN y el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, la madrugada del jueves 13 de noviembre de este año, 69.1 toneladas de tóxicos fueron retirados de Quimagro, y embalados para ser llevados a Polonia.
¿Y ahora quién pagará por todo?
En lo que va del 2014, se reportan 56 muertes en San Luis Talpa por insuficiencia renal. Los químicos saldrán del país, y ya no están en Quimagro,
Ante esto, representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), hicieron un llamado al fiscal general de la República, para que investigue y señale a los culpables del abandono toxico, y de las graves violaciones al derecho medioambiental de la población.
En ese sentido, y ante la salida de los tóxicos, miembros de UNES se cuestionan ¿Quién va a responder por los daños ambientales, por la salud y la vida de más de 180 personas en San Luis Talpa? ¿Quién va a pagar por los $400 mil por la disposición final de los tóxicos en Polonia?.
Según el código penal en su Art. 255.- El que provocare o realizare directa o indirectamente emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas en contravención a las leyes y reglamentos respectivos y que pusiere en peligro grave la salud o calidad de vida de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
Los ambientalistas hacen énfasis sobre la urgencia de que la Fiscalía General de la República (FGR), retome el caso específico de la contaminación de San Luis Talpa y se le dé cumplimento a la ley vigente a nivel nacional, por lo que piden se active la acción penal contra los responsables de esta contaminación ambiental y además que busque judicializar también la acción civil contra los responsables de la contaminación a manera de responder por los daños y perjuicios causados a la comunidad y al ambiente.
Mientras tanto, la familia Orellana, envuelta por el recuerdo, las sonrisas y lágrimas, esperan nunca más se asome el fantasma de Quimagro y la insuficiencia renal en sus hogares.
