Denuncian posible complot entre el fiscal Martínez y el juez Orellana para liberar a Flores

El juez del caso ha pedido al fiscal general que sanciones a los querellantes por presuntamente haber filtrado y difundido información del Reporte de Operaciones Sospechas, y de un informe de inteligencia conocido como FinCEN, ambos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que al parecer detallan los movimientos financieros del expresidente salvadoreño Francisco Flores. Tanto juez como fiscal argumentan que la difusión y mención de ambos reportes es ilegal.

Por Mario Beltrán

Organizaciones querellantes en el caso contra el expresidente salvadoreño, Francisco Flores, acusado de malversación de millonarias donaciones provenientes de la cooperación taiwanesa, denunciaron un presunto complot entre el Fiscal General de la República, Luis Martínez, y el juez del caso, Levis Italmir Orellana, pues de acuerdo a estas organizaciones, se estaría manipulando el proceso judicial con el fin de la absolución del exmandatario.

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (P.D.D.H), la violación a los derechos de libre expresión por parte del fiscal Martínez, y del juez Orellana, y una potencial persecución penal contra los querellantes René Landaverde Hernández, Bertha María Deleon, y María Teresa Medrano.

De acuerdo a la querella, el 14 de noviembre del 2014, los auxiliares del fiscal Martínez, Julio Zamora, y Thelma de Carranza, afirmaron por escrito no haber recibido el Reporte de Operaciones Sospechas (ROS) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mismo que el expresidente Mauricio Funes reveló contra Francisco Flores, y afirman sin embargo, se trató de una confusión con otro "informe de inteligencia” del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en el que además solicitaron su reserva mientras se traducía al español el ROS.

Según información de los querellantes, el 5 de enero de 2015, el fiscal general, Luis Martínez, presentó un escrito ante el Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador, solicitando se ordene a toda persona que pueda tener acceso al expediente del proceso penal 15-14VEM, abstenerse de mencionar al Informe Financiero del FinCEN, y destruir cualquier copia física o digital que obre en poder de esa sede judicial.

Afirman que el fiscal argumentó esa decisión en base a una sanción emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, donde se abstendrían de compartir información financiera con la Unidad de Investigación de la Fiscalía salvadoreña, para los delitos de lavado de dinero y activos.

El 8 de enero, el juez Orellana ordenó a los querellantes, -e incluso personal de sus organizaciones- abstenerse de referirse a tales documentos, y agencia que los emitió.

El viernes 23 de enero, el juez Orellana determinó un proceso sancionatorio contra René Landaverde Hernández, Bertha María Deleon, y María Teresa Medrano, ya que según él, la querella hace uso para difusión y filtración de información “reservada, y hechos falsos”, por lo que ha dado los ahora imputados, un plazo hasta el miércoles 29 de enero para intimarles, y que se pronuncien al respecto.

“Este proceso sancionatorio es gravísimo, y es una clara acción para que no sigamos hablando de las falencias en la investigación. Creemos que es una abierta persecución a las organizaciones de la sociedad civil que estamos contra la corrupción” expresó Bertha Deleon, parte de la querella de Fespad, y quien a demás no descarta ser separados del proceso, pese a que no sería legal.

Asimismo, el juez Orellana argumenta que los representantes de ISD Y Fespad, hacen referencia al ROS y al informe de inteligencia, irrespetando órdenes judiciales, por lo que pidió al fiscal Martínez, realice las acciones legales correspondientes en contra de la querella del caso.

De acuerdo a Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), una de las organizaciones sociales contra la corrupcion, el complot entre el fiscal y el juez para liberar a Flores radica en varias acciones irregulares. “Sospechamos que la jugada es: sacar el ROS como elemento probatorio el expediente, y sacar del proceso a los querellantes que son los que han hecho acciones legales para evitar que el caso se caiga. Fue la querella quien revirtió el primer arresto domiciliar, y quien revirtió la declaración de reserva total del caso. Entonces, apartando el ROS y a los querellantes, queda el camino para dejar libre a Francisco Flores” opina.

Los querellantes denunciaron violación a la libertad de expresión y opinión ante la PDDH, y presentaron un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“El señor juez alega que nosotros hemos filtrado información que él considera confidencial, pero nosotros nunca hemos conocido el informe ligado al proceso, además está en inglés, y no hemos tenido acceso a su contenido. El fiscal nos notificó por medio de una carta que ninguna persona de nuestras organizaciones puede mencionar la palabra ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), ni mencionar la palabra Informe de Inteligencia de FinCEN, y nos advierte que podemos ser procesados por ello” expresó Abraham Ábrego, de Fespad.

Por su parte el procurador de Derechos Humanos, David Morales, recibió la denuncia, y lamentó la arbitrariedad que a su juicio, realizan tanto juez como fiscal.“Debo manifestar la gravedad de esta denuncia por violaciones a los derechos humanos como la libertad de expresión, a un debido proceso judicial, a ejercer la defensa de los derechos y la lucha contra la corrupción. Además la recibo con preocupación por la tentativa de persecución penal arbitraria contra los querellantes, la cual podría tener la connotación de obstaculizar o anular la labor de la querella en el caso” expresó Morales

Morales advirtió además que espera que el juez del caso cumpla con la ley de Derechos Humanos, pues ya ha solicitado informes y explicaciones anteriores al juzgador, pero no ha habido respuesta alguna, por lo que se debió abrir un proceso administrativo contra el juez Orellana, por parte de la CSJ.

“El juez está pretendiendo evadir la vigilancia del procurador con argumentos similares a los que en otros casos la Sala de lo Constitucional de la CSJ también ha evadido al procurador. El mandato del procurador de Derechos Humanos debe ser acatado por todas las autoridades del Estado” dijo Morales quien agregó además, que investigaría la conducta tanto del juez como de la Fiscalía General en este caso.

El procurador mostró también su descontento por la no admisión del delito de lavado de dinero contra Francisco Flores en este caso. Gato Encerrado publicó hace unos meses los vacíos del caso Flores, en donde estas organizaciones señalaban la falta de voluntad del fiscal para incluir dicha acusación.

En esta etapa del proceso, han pasado siete meses sin que la Fiscalía tenga novedades en el caso, previo a la siguiente etapa dispuesta a iniciar en mayo.

Cabe destacar que el fiscal Luis Martínez se ha visto en el pasado involucrado en varios proyectos empresariales y de derecho, pues fungió en algún tiempo como abogado particular del expresidente Flores

Los querellantes afirman se defenderán en juicio, y continuarán vigilantes del proceso judicial contra Francisco Flores, quien actualmente es acusado de la desaparición de millonarias donaciones provenientes de Taiwaun para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto del 13 de enero de 2001 en El Salvador. Actualmente guarda prisión en su residencia debido problemas de salud, bajo el visto bueno del juez Orellana, y el Instituto de Medicina Legal.